DOS CARAS DE LA UABC (1 de 2)

Por Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar
gutierrezaca@yahoo.com.mx


En la carrera hacia la sucesión rectoral, en los últimos días la Universidad Autónoma de Baja California no ha podido evitar que se muestren dos de sus caras: por un lado, la propaganda oficial ha seguido presumiendo de más reconocimientos que certifican que, en teoría, nuestra máxima casa de estudios ofrece un servicio educativo de calidad. En conferencia de prensa en el Casino de Mexicali (no en las instalaciones universitarias), el rector Alejandro Mungaray Lagarda se jactó de que la UABC es la primera institución de educación superior en el país “que tiene toda su oferta acreditada” (La Crónica, 23/06/06, pág. 2A).

Pero poco antes, otra de las caras de nuestra universidad se había hecho pública –tímidamente, dada la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación con el poder–: en represalia por haber protestado por una más de las injusticias laborales que se han estado cometiendo en el seno de ella, el subdirector del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), José Moreno Mena, fue cesado de su cargo (“La Estampida de los Búfalos”, de El Mexicano, 21/06/06, pág. 7A).

Con la despreocupación de quien se siente arropado por los poderosos, pues actúa en su nombre, Mungaray Lagarda reconoció, el mismo jueves, que el cese se debió a que el funcionario universitario había tomado partido, cuestionando el papel realizado por la instancia encargada de otorgar las plazas definitivas en el área de la investigación (noticiero Al Instante, 1340 AM, 23/06/06, 7:30 hrs.). En la visión del rector y de sus patrones, pues, los altos mandos de la UABC viven en el ámbito del dogma, que no puede ser tocado por el pétalo de una crítica; en este universo, entonces, los investigadores deben limitarse a asentir ante las decisiones tomadas.

Coto de poder

El caso que llevó al cese de Moreno Mena –una de las pocas voces realmente críticas dentro de la universidad– había sido dado a conocer semanas antes: la doctora Lya Margarita Niño Contreras había concursado por la plaza de investigador ordinario de carrera asociado nivel C, dentro del IIS. Sin embargo, la comisión dictaminadora y el jurado calificador decidieron otorgar la plaza a la maestra Oralia Villegas.

Las presuntas irregularidades fueron “que no se tomaron en cuenta los grados académicos de las concursantes, la antigüedad de las mismas, ni sus méritos académicos, tales como labores docentes y de investigación, entre otros” (Sietedías, núm. 477, 10/06/06, pág. 10). Denunciaron el caso, apoyando a la quejosa, los investigadores Gema López Limón, Enrique Priego Mendoza, Agustín Sández Pérez, Leticia Figueroa Ramírez, David Fuentes Romero, Norma García Leos y José Moreno Mena. Exigieron, en conferencia de prensa, que las autoridades universitarias explicaran los motivos que habían llevado a tomar tal decisión.

Niño Contreras consideró, en respuesta a las preguntas de los reporteros, que la actitud de la comisión dictaminadora probablemente “tenga relación con los problemas internos que se viven entre los cuerpos académicos de dicho instituto, ya que Oralia Villegas forma parte del grupo contrario al que representa la afectada” –según escribió el reportero Francisco Javier Méndez–. De ese modo, ella se queda “con la incertidumbre de cada seis meses de saber si te harán contrato de nuevo o no”, a pesar de que labora como docente en la UABC desde 1996, y como investigadora desde 1999, y de que es titular de proyectos de investigación (ibidem).

Este ambiente violatorio de las garantías laborales y constitucionales de los trabajadores de la universidad, fue puesto también en evidencia por la estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la UABC-UAS-UNISON-CIAD Lidia Suárez Sánchez, en una carta publicada en el diario La Crónica el miércoles 14 de junio (pág. 4A). Según narra en su misiva, en septiembre de 2003 el entonces director del IIS, Arturo Ranfla González, le notificó el término de su contrato laboral, “después de seis años de trabajo y otros tantos de colaborar como encuestadora y asistente de investigación en diversos proyectos en este instituto desde 1989, cuando era estudiante de Sociología”.

Entonces ella se dirigió al propio rector Mungaray Lagarda, quien le aseguró: “Todo se va a arreglar”, pero le advirtió: “No se vaya por la vía del conflicto”. Otra vez: asentir ante las decisiones. Suárez Sánchez relata que obtuvo su grado de maestría –lo que supuestamente necesitaba para recuperar la plaza– en la Universidad Iberoamericana de Santa Fe en la Ciudad de México. Sin embargo, al regresar a Mexicali el director Ranfla González “me sugirió buscar trabajo en otra parte”.

“Después de tres años –acusa–, las actuales condiciones de gestión universitaria han permitido que el instituto siga siendo el coto de poder de un reducido grupo hegemónico que no permite el desarrollo profesional de los investigadores que no corresponden a sus intereses o no van de acuerdo a la lógica instrumental de investigación que prevalece”.

“El desarrollo de la misma institución –continúa– (se ve entorpecido) a causa del continuo desgaste derivado de la descalificación, desconocimiento, desvalorización del trabajo que realizan los otros y el escaso diálogo académico e interacción entre los grupos”.

Nueve días más tarde, en el mismo diario apareció una carta de la investigadora también despedida Rosa Amelia Arballo Meza, quien considera que su cese del IIS “no fue un hecho aislado, sino que forma parte de todo un plan de quienes están en contra de que esta unidad académica siga desarrollando estudios sociales, especialmente relacionados con grupos vulnerables. Para lograr sus objetivos, están eliminando a cada uno de los miembros del cuerpo académico de estudios sociales, en vez de fortalecerlo. Y todo esto con la anuncia (sic) de su actual director, Pablo González Reyes”.

“(…) todo esto –prosigue– tiene su antecedente con la llegada de la tríada de ‘compadres’ al poder en el Instituto de Investigaciones Sociales, encabezado por reconocidos compañeros de trabajo, quienes han sido directores del instituto y no quieren dejar de mantener su poder y control sobre los demás académicos.

“Con el segundo periodo de Arturo Ranfla González (2001-2005) –continúa–, comenzó el desplazamiento de investigadores en ciencias sociales que ya teníamos mas (sic) de 15 años laborando y formándonos académicamente en la universidad, para dar paso a asistentes y colaboradores a su servicio, pero en las líneas de la ‘geografía virtual’ y de las ‘nuevas tecnologías’, sin preparación y sobre todo sin vocación por los estudios sociales”.

Arballo Meza finaliza su carta preguntando a Mungaray Lagarda: “¿Cuándo señor Rector en nuestra UABC se va ha (sic) terminar con el compadrazgo, el favoritismo y los privilegios de unos cuántos (sic)?”. Junto con ella, muchos universitarios y bajacalifornianos nos hacemos esa misma pregunta.

“Juventud disciplinadita”

La situación tan delicada que se vive al interior de la UABC cada vez traspasa más los propios campus, gracias a la valentía de alumnos, académicos y trabajadores que han decidido no guardar silencio, y al apoyo que han recibido de algunos –pocos todavía– periodistas, que han asumido cabalmente su compromiso con la sociedad.

Y esa situación preocupa, por el desfase de nuestra máxima casa de estudios con el momento actual de nuestro país. Según informó el maestro Alfonso Lizárraga Bernal (docente de la Universidad Pedagógica Nacional), en su columna “Visión Académica” del diario La Crónica (20/06/06, pág. 8A), en el primer foro organizado por el Consejo Consultivo por un Proyecto Alternativo de Nación –celebrado el sábado 17 de junio en las instalaciones de la CANACO–, se abordó el tema de la universidad autónoma.

“Surgió el problema de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la UABC –escribió el también coordinador del grupo Observatorio Ciudadano de la Educación en Baja California–, superando sus irregularidades jurídicas y las relaciones de opresión intelectual que la mantienen sumida en un clima de temor permanente a la exclusión, impidiéndole ser protagonista activa y comprometida en la solución de los problemas de la comunidad bajacaliforniana y así cumplir con su función de conciencia crítica, científica y social”.

El mismo académico, al participar en el foro de discusión Reflexiones sobre la Educación Superior en Baja California –el lunes 22 de mayo, en el Congreso del Estado–, había lanzado fuertes críticas a la UABC, en respuesta a la actitud complaciente mostrada minutos antes por el secretario del rector y director teatral Ángel Norzagaray Norzagaray. “No puede existir una universidad que prohíbe los debates de los problemas sociales –dijo entonces Lizárraga Bernal–; esto es contradictorio con la naturaleza misma de la universidad. Con la uniformidad no se puede despertar la creatividad. No podemos dejar una universidad anclada a los designios de una estructura que la gobierna y que tiene un anclaje de decenas de años”.

Y refiriéndose directamente a lo expresado por Norzagaray, quien había descartado que sea nula la participación social por parte de los estudiantes universitarios (“¿La participación estudiantil son las paredes rayadas? ¿De verdad el muchacho no participa, o sus intereses son otros? ¿No participan –los alumnos– en la vida académica, como en los concursos, o nuestros prejuicios no nos permiten verlo desde afuera?”), Lizárraga Bernal expresó: “Una juventud disciplinadita, que no es capaz de hacer una pinta, es algo muy delicado. Lo cierto es que en la UABC no hay debate”.

Publicado en el semanario cultural Bitácora, núm. 490, del miércoles 5 de julio de 2006 (http://www.agencia.bitacoracultural.com/notastemas.html)