Publicado en 1999.
Por Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar
Ahora que toma más y más fuerza la idea de ciudadanizar el poder —por ejemplo, se exige mayor presencia de los ciudadanos en el Consejo Estatal de Seguridad Publica—, es urgente que la receta se aplique en el área cultural.
En los últimos años en la entidad se ha pasado de la desesperanza al desánimo, e incluso a la desazón, ante la falta de interés que prevalece en las distintas autoridades —el caso de Tijuana se cuece aparte— por el apoyo a las actividades artísticas y culturales. La indiferencia (Gobierno del Estado, Congreso local) y la demagogia (ayuntamientos) han sido la norma.
Por si fuera poco, los propios artistas e intelectuales han optado por asumir una actitud pasiva, ante la falta de respuesta de los gobernantes —quienes, evidentemente, no les reconocen peso político alguno—. No ha sido hasta ahora, con el cambio de administración causado por el deceso del gobernador Terán Terán, en que por primera vez un grupo amplio y plural de importantes creadores del estado, se han dirigido públicamente al titular del Ejecutivo estatal para exigirle un cambio en la dirección del Instituto de Cultura (ICBC).
Es en este contexto en el que adquiere importancia la necesidad de que se ciudadanice la definición y ejecución de una política cultural en el estado y los municipios. Han sido años perdidos, en los que la población ha estado a expensas de los caprichos de gobernantes y funcionarios. Se ha venido de más a menos, se han justificado la ineptitud y la ignorancia y en medio ha quedado la comunidad bajacaliforniana, con cada vez más pobres expectativas de mejoramiento cultural.
La participación de los ciudadanos en esta tarea no es una idea novedosa, sino una realidad en otras partes del país. Ángel Norzagaray ha comentado en La Crónica (18-XII-98) el caso de Nuevo León, donde “la cultura tiene el rango de secretaría y las grandes decisiones se toman después de que las dicta un consejo ciudadano conformado por artistas de todas las disciplinas”. En la ciudad de México, el gobierno cardenista ha creado un Instituto de Cultura gobernado por un consejo directivo que integran artistas de renombre. “Está hecho así para que ni yo ni nadie que sea el director general (...), haga sus caprichos con el presupuesto publico y con la responsabilidad cultural”, explico a la revista Proceso el director del organismo, Alejandro Aura.
Otra experiencia es la que se vive en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, creado por el anterior ayuntamiento tijuanense. Ahí la fiscalización de las acciones la ejerce una Junta de Gobierno conformada por el alcalde, cuatro regidores y cuatro miembros de la sociedad civil. (Pero en los restantes ayuntamientos la situación es desoladora.)
El cantar es distinto en el ICBC. Su Consejo Directivo, presidido por el gobernador, lo integran en una abrumadora mayoría funcionarios de la administración estatal y sólo un miembro del Consejo Consultivo. En tanto, este órgano, que agrupa a representantes de la comunidad cultural del estado, sirve sólo para legitimar las acciones de la institución —según han denunciado los propios artistas—, sin que los funcionarios estén obligados a acatar sus acuerdos.
Aunque Baja California ha estado a la vanguardia en el país en otros ámbitos de la vida pública, la atención oficial a la cultura ha sido vergonzante. No es una tarea que deba seguir en manos de políticos y funcionarios ignorantes y mediocres. La ciudadanía empeñada en el mejoramiento integral de la población, debe tomar ya las riendas en esta misión.
Ahora que toma más y más fuerza la idea de ciudadanizar el poder —por ejemplo, se exige mayor presencia de los ciudadanos en el Consejo Estatal de Seguridad Publica—, es urgente que la receta se aplique en el área cultural.
En los últimos años en la entidad se ha pasado de la desesperanza al desánimo, e incluso a la desazón, ante la falta de interés que prevalece en las distintas autoridades —el caso de Tijuana se cuece aparte— por el apoyo a las actividades artísticas y culturales. La indiferencia (Gobierno del Estado, Congreso local) y la demagogia (ayuntamientos) han sido la norma.
Por si fuera poco, los propios artistas e intelectuales han optado por asumir una actitud pasiva, ante la falta de respuesta de los gobernantes —quienes, evidentemente, no les reconocen peso político alguno—. No ha sido hasta ahora, con el cambio de administración causado por el deceso del gobernador Terán Terán, en que por primera vez un grupo amplio y plural de importantes creadores del estado, se han dirigido públicamente al titular del Ejecutivo estatal para exigirle un cambio en la dirección del Instituto de Cultura (ICBC).
Es en este contexto en el que adquiere importancia la necesidad de que se ciudadanice la definición y ejecución de una política cultural en el estado y los municipios. Han sido años perdidos, en los que la población ha estado a expensas de los caprichos de gobernantes y funcionarios. Se ha venido de más a menos, se han justificado la ineptitud y la ignorancia y en medio ha quedado la comunidad bajacaliforniana, con cada vez más pobres expectativas de mejoramiento cultural.
La participación de los ciudadanos en esta tarea no es una idea novedosa, sino una realidad en otras partes del país. Ángel Norzagaray ha comentado en La Crónica (18-XII-98) el caso de Nuevo León, donde “la cultura tiene el rango de secretaría y las grandes decisiones se toman después de que las dicta un consejo ciudadano conformado por artistas de todas las disciplinas”. En la ciudad de México, el gobierno cardenista ha creado un Instituto de Cultura gobernado por un consejo directivo que integran artistas de renombre. “Está hecho así para que ni yo ni nadie que sea el director general (...), haga sus caprichos con el presupuesto publico y con la responsabilidad cultural”, explico a la revista Proceso el director del organismo, Alejandro Aura.
Otra experiencia es la que se vive en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, creado por el anterior ayuntamiento tijuanense. Ahí la fiscalización de las acciones la ejerce una Junta de Gobierno conformada por el alcalde, cuatro regidores y cuatro miembros de la sociedad civil. (Pero en los restantes ayuntamientos la situación es desoladora.)
El cantar es distinto en el ICBC. Su Consejo Directivo, presidido por el gobernador, lo integran en una abrumadora mayoría funcionarios de la administración estatal y sólo un miembro del Consejo Consultivo. En tanto, este órgano, que agrupa a representantes de la comunidad cultural del estado, sirve sólo para legitimar las acciones de la institución —según han denunciado los propios artistas—, sin que los funcionarios estén obligados a acatar sus acuerdos.
Aunque Baja California ha estado a la vanguardia en el país en otros ámbitos de la vida pública, la atención oficial a la cultura ha sido vergonzante. No es una tarea que deba seguir en manos de políticos y funcionarios ignorantes y mediocres. La ciudadanía empeñada en el mejoramiento integral de la población, debe tomar ya las riendas en esta misión.
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