REVISTA DE POR ACÁ

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jueves, 13 de septiembre de 2007

¿Responso por la democracia?

Por Carlos Alberto Gutiérrez Aguilar


Cuando en 1989 el panista Ernesto Ruffo Appel pretendía llegar a la gubernatura del estado, en muchos bajacalifornianos nació el imperativo de actuar a favor de lo que después se conocería como el “voto útil”. De esa manera, el ensenadense pudo resultar vencedor en la contienda electoral. Once años más tarde la historia se repetiría a nivel federal.

Poco después del histórico triunfo local, una conocida maestra me aseguraba que la llegada al poder del panismo representaba un retroceso. Yo no entendía por qué. Simpatizante del Partido de la Revolución Democrática, había decidido cambiar el sentido de mi voto hacia Ruffo Appel, pues estaba convencido de que ya debíamos derrocar al PRI. El gobierno del PAN sería sólo de transición, hasta que lográramos hacer triunfar a la izquierda.

Pero no ha sido fácil. Contrariamente a lo que se dijo, el Revolucionario Institucional no murió, pues el Partido Acción Nacional pronto mostró las consecuencias del cogobierno que se empezó a dar entre ambas fuerzas desde el salinismo. Aquí se le llamó “pripanismo” desde hace una década; ahora, a nivel federal, se le nombra como “prianismo”, por el “PRIAN”, bipartido que rige nuestro destino y amenaza con apoderarse del país.

En días pasados los prianistas asestaron a los mexicanos y mexicanas un fuerte golpe más. No contentos con haber legitimado el fraude de 1988 y con ello la nefasta administración de Carlos Salinas de Gortari –que fue llamada por Manuel J. Clouthier como “triunfo cultural del PAN”–; solapar el descarado y multimillonario robo del FOBAPROA; haber realizado los fraudes paralelos del “pemexgate” y los “Amigos de Fox”; darle continuismo a una política económica empobrecedora; asegurar la impunidad a criminales y delincuentes poderosos, ahora se lanzan con todo en contra de una opción política que puede representar una respuesta viable a nuestras necesidades de bienestar y desarrollo.

El burdo e inconsistente proceso de desafuero en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado clara, de una vez por todas, la complicidad entre ambos partidos, simbióticos salvaguardantes de los intereses que han estado entregando el país a la inversión extranjera. Porque hoy fue el tabasqueño, pero mañana la nueva víctima podrá ser cualquier ciudadano o ciudadana del país que se convierta en un líder a favor de las causas nacionales.

Para los prianistas no importa que un gobernante haya llegado al cargo violando la ley (“Amigos de Fox”, por citar sólo un caso reciente); o protegido narcotraficantes (Sergio Estrada Cajigal, en Morelos); o derrochado y manejado de manera poco clara los recursos públicos (Miguel Alemán Velasco, en Veracruz); o arriesgado a su entidad hasta el borde del caos (Eugenio Elorduy Walther, en Baja California); o tolerado el crimen (los consecutivos gobernadores chihuahuenses, empezando por el actual precandidato a la presidencia Francisco Barrio Terrazas). Eso es lo normal en la política mexicana.

Pero que no ose un gobernante cuestionar a los grupos de poder real que determinan el rumbo del país; que no les diga en su cara que son meramente lacayos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; que no se preste a las componendas urdidas desde Los Pinos; y, peor aún, que no se atreva a poner al descubierto las maquinaciones para desestabilizarlo, ni mucho menos que haga ver a la población que sí es posible racionalizar el gasto para llevar a cabo obras de beneficio social.

¡Eso es intolerable! Por tal razón las cúpulas empresariales, los poderosos medios de comunicación y lo más podrido de la clase política, decidieron poner en marcha el mecanismo del llamado desafuero. Y junto con ellos se llevaron a un buen número de ciudadanos y ciudadanas de buena fe, que ingenuamente han creído que López Obrador es un enviado del mal (“Le tengo miedo”, me confió hace poco una compañera maestra).

La verdadera discusión no es una presunta violación de la ley. En todo caso se trataría de un delito menor, según declararon al periódico La Jornada ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pidieron que se omitieran sus nombres; es decir, el separarlo del cargo, cortando de esa manera la cabeza a un gobierno electo democráticamente por los distritofederalenses, resulta un castigo desmesurado para la falta de construir una calle hacia un hospital.

Hoy el daño ya está hecho. De oídos sordos ante los insistentes llamados a la cordura y su responsabilidad histórica que les hicieron respetables personalidades del país (tanto defensores como detractores de López Obrador), e incluso importantes medios de comunicación extranjeros, pudieron más ante los diputados federales prianistas el interés privado y la línea que recibieron desde Los Pinos y/o la dirigencia nacional priísta. Prefirieron dar marcha atrás a la historia y volver a los tiempos en que los reales adversarios debían ser eliminados a cualquier costo.

Ha sido tan fuerte el golpe asestado, que no pocas voces han empezado a decir un responso por la democracia que apenas estaba naciendo en nuestro país. Eso es lo que quieren en realidad los grupos de poder: regresar a la época del autoritarismo, en que la ciudadanía estaba inerme, a merced de las cúpulas política y económica. Pretenden ahora hacer creer que todo está consumado y no es posible remediarlo.

Ignoro si el caso López Obrador tiene solución. Sin embargo, estoy seguro de que la población sí puede lograr un cambio verdadero para construir el México que la mayoría estamos soñando: justo, equitativo en oportunidades, próspero. Primeramente debemos impedir que la opción nacionalista se quede sin representante en los comicios federales de 2006, ya sea que se pretenda sufragar por ella o no.

Si el exjefe de gobierno resulta definitivamente imposibilitado para contender, con su ausencia no deberá desaparecer tal opción. No seamos seguidores de un hombre, sino de un proyecto. Existen respetables mexicanos y mexicanas que pueden enarbolar las banderas del nuevo país que anhelamos edificar. A fin de cuentas en un movimiento político lo fundamental no es la cabeza, sino la base.

Protestemos, sí, contra el desafuero y opongámonos a sus consecuencias –de manera legal, pacífica y ordenada–. Pero mantengamos la vista en esos principios que habremos de materializar para alcanzar el fin que perseguimos. Si no es con López Obrador será con otro o con otra dirigente.

Informémonos de lo que está ocurriendo. No sigamos el consejo de Fox y leamos periódicos y revistas, escuchemos programas radiofónicos; ahí podremos encontrar muchas respuestas que la televisión no nos da para comprender el acontecer actual. Vayamos más allá de la anécdota o de la presunta sátira de “El privilegio de mandar”: lleguemos hasta la médula de los problemas. Que los temas de actualidad sean parte de nuestra vida cotidiana y de nuestras conversaciones con los demás, así como lo son los chismes del espectáculo o los videos del escándalo.

No nos quedemos en casa lamentándonos por nuestra realidad. Salgamos a la calle a respaldar las protestas ciudadanas (contra el desafuero, las altas tarifas eléctricas y las que se acumulen), a apoyar las causas de los demás (maestros jubilados, antiguos braceros defraudados, vecinos carentes de servicios, campesinos empobrecidos).

Evitemos votar por la imagen que la mercadotecnia nos ofrezca del candidato o la candidata en turno. Hurguemos en su biografía, investiguemos sobre su ideario, analicemos a sus acompañantes, cuestionémoslo o cuestionémosla en forma directa si tenemos la oportunidad.

Ser político no incluye afiliarse a algún partido, sino, básicamente, estar interesado e informado y participar, de una manera o de otra, en la definición del rumbo de nuestra sociedad.

Porque la democracia no ha muerto todavía. Pero si seguimos permitiendo que el destino de Baja California y el del resto del país lo decidan los actuales grupos en el poder (los prianistas y sus allegados verdes y de otros colores), más temprano que tarde estaremos dándole sepultura.

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